Se tiene que caer

Por: Sergio Alejandro Gómez Velásquez para #DomingoDeInvitadas

Según cálculos del Ministerio de Salud, al año se presentan aproximadamente 350 mil casos de aborto clandestino en toda la Argentina. A esta escandalosa cifra, que puede aumentar con aquellas mujeres no registradas que habitan zonas totalmente incomunicadas y rurales, se le suma el déficit de centros de salud con protocolos de atención y la poca planificación y educación sexual en la mayoría de las provincias.

La problemática de los abortos clandestinos en el país patagónico cada año cobra la vida de más de 100 argentinas. Estas víctimas de procedimientos mal efectuados por chamanes, curanderos y médicos incapacitados, más que un número, representan una necesidad urgente de legislar y brindar la infraestructura necesaria para que en todos los rincones del país puedan realizarse abortos legales, seguros y gratuitos.

Precisamente con este objetivo, cientos de miles de mujeres congregadas de forma independiente o bajo organizaciones feministas, sociales y políticas han emprendido una lucha por la legalización del aborto en toda la Argentina. Esta causa común ha puesto en la agenda pública nacional e internacional un tema que, si bien durante más de 200 años de república no tenía una importancia central, hoy día es uno de los ejes de debate más visibles para la sociedad civil.

Actualmente, el marco jurídico del aborto está basado en una Ley de 1921. Esta establece una penalización de todos los casos excepto “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Con estatutos de casi 100 años de antigüedad que fueron redactados cuando las mujeres ni siquiera tenían la potestad de votar – recordemos que el voto femenino se instauró en la Argentina el 23 de septiembre de 1947–, la nación argentina ha dado pasos muy lentos para crear garantías y marcos jurídicos claros en esta área. Para 1968 con el Decreto Ley N.17.567 se aprobó el aborto para los casos en los que el embarazo representara un peligro grave para la vida o la salud de la madre y, solo hasta el 2012, la Corte Suprema de Justicia se pronunció con el fallo F.A.L en el que autorizó este procedimiento en caso de violación hasta la semana 14 de gestación. La interrupción voluntaria del embarazo por fuera de estas excepciones expone a las mujeres a penas de hasta 4 años de cárcel.

Aún en el caso de abortos terapéuticos en los casos contemplados en la ley, son muchas las barreras que presenta la infraestructura de salud. Aunque el país presenta uno de los mejores sistemas de salud de toda América Latina, solo 9 de las 24 provincias que hay en la Argentina (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tienen protocolos de atención para abortos legales. A la limitación a este derecho por las causales estipuladas se suma la dificultad que enfrentan las mujeres que, aun cuando podrían solicitar un aborto dentro de las causales de ley,  no pueden acceder a este servicio médico por la distancia o la falta de recursos económicos para costearse el viaje y el tratamiento en los lugares habilitados para ello.

En un contexto de crisis económica, elección presidencial y división social, en las principales calles porteñas los pañuelos verdes están presentes en pro de los derechos de las mujeres. Es el símbolo de una lucha de largo aliento que desde el año pasado ha intensificado sus esfuerzos para #QueSeaLey. Oficialmente, el lunes 19 de febrero del 2018 fue la primera gran manifestación pública en pro de la aprobación del aborto. Allí, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito convocó una movida en Twitter bajo la consigna #AbortoLegalYa. Está fue respaldada por una multitudinaria convocatoria de miles de personas que, acompañadas de pitos, banderas, pañuelos y puestos ambulantes de choripanes se ubicaron frente al Congreso de la Nación.

Para el 14 de junio de ese mismo año, luego de casi 24 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó en primera instancia y con cuatro votos de diferencia (129) el Proyecto de Legalización y Despenalización del Aborto. Este primer gran paso llenó de euforia y entusiasmo a los y las manifestantes que se habían apostado en la Plaza del Congreso y la Av. de Mayo a esperar el tan ansiado veredicto. Con este paso firme se entraba en la historia de la lucha por la reivindicación femenina, pero la definición crucial estaba en manos del Senado de la República.

El tan ansiado 9 de agosto convocó aún a más manifestantes de la “marea verde” que volvieron a hacer una vigilia frente a la sede del Congreso. En esa noche más fría y lluviosa de lo habitual, miles de almas estaban expectantes frente a la sanción de la Ley Voluntaria del Embarazo. Tras largas horas de debates el resultado final arrojó 31 votos a favor y 38 en contra.  Allí, los senadores anti-derechos, apoyados por organizaciones civiles Pro-vida (representados por el pañuelo azul) y la Iglesia Católica, lograron tumbar la ley del aborto. Durante la histórica sesión de más de 18 horas se escucharon argumentos como el expresado por el Senador Nacional de Formosa, José Mayans. Él argumentó su voto negativo reviviendo las figuras de Vivaldi, Mozart, Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel. Aunque ellos “no se enteraron” de la discusión del aborto, Mayans se preguntaba qué hubiera sucedido si la madre de estos genios les “hubiera negado el derecho a la existencia”.

Para el presente año se presentó una nueva ley borrador para que sea nuevamente votada y promulgada por el Congreso en sus dos Cámaras, pero, ante un año electoral en el que se define el nuevo gabinete presidencial y legislativo, la discusión pública ha estado más opacada. Aun así, la marea verde seguirá luchando por la aprobación definitiva de la ley del aborto y la reivindicación de más derechos de las mujeres.

Rusia – en ese tiempo la Unión Soviética- fue el primer país en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en 1920. Esto le ha permitido históricamente garantizar a las mujeres de su país la posibilidad de abortos seguros que, consecuentemente han generado registros y estadísticas fiables, y disminución exponencial de la mortalidad por abortos clandestinos. La plenitud de ese derecho, sin embargo, ha cambiado a la largo de la historia y hoy se encuentra también restringido en varios casos.

Es tiempo para que no solo Argentina sino América Latina vean al aborto como algo más allá del asunto ideológico y religioso. Es una cuestión de salud pública por encima del bien y del mal que debe reglamentarse y complementarse con infraestructura médica y condiciones dignas de vida no solo para las mujeres que quieren ejercer este derecho, sino para todos aquellos que no han tenido las condiciones más dignas de vida desde el momento en que nacieron.

 

 

Sergio Alejandro Gómez Velásquez es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en políticas sociales urbanas y miembro del grupo de historia urbana de la Universidad de Buenos Aires. Periodista, viajero y apasionado por la literatura nuestroamericana.

 

**Imagen: Chequeando.com

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